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Extralimitación de funciones por parte de los cuerpos policiales e invasión de competencias jurisdiccionales: la necesaria salvaguarda de los derechos fundamentales en juego

    1. [1] Abogado
    2. [2] Abogada
  • Localización: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 8, 2023
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Police overstepping police powers and encroachment on jurisdictional competences: the necessary safeguarding of fundamental rights at stake
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      La intervención de la policía judicial en el proceso penal es útil y, a menudo, indispensable para asegurar el avance de la investigación y la impartición de justicia. Sin embargo, al igual que la de los demás agentes que participan en el proceso (jueces, fiscales, testigos…), su conducta debe ser sometida a un estricto control, no solo por el abogado de la parte que puede verse afectada por la actividad policial, sino por todas las demás partes y el Tribunal. No es infrecuente encontrarnos con informes policiales que se asumen por los Tribunales sin miramientos, informes que a veces tienen una carga valorativa y subjetiva impropia del papel constitucional de la policía judicial. También es habitual asistir a abusos en la investigación, en nombre de la eficacia, tolerados por el Tribunal con una política de «laissez faire» y una perspectiva resultadista. En este artículo estudiamos la regulación, las funciones y los límites de la actuación de la policía judicial y abordamos la necesidad de fiscalizar la conducta policial y de detectar aquellas extralimitaciones que comprometen los derechos fundamentales en juego (especialmente, el derecho de defensa ‒art. 24.2 CE‒ y a la tutela judicial efectiva ‒art. 24.1 CE‒) y, en definitiva, la pureza e integridad del proceso penal. Y, a fin de proteger, estos intereses y derechos exponemos los modos de denunciar estos excesos y las consecuencias de hacerlo.

    • English

      The intervention of the judicial police in criminal proceedings is useful and often indispensable to ensure the progress of the investigation and the administration of justice. However, like that of the other agents involved in the process (judges, prosecutors, witnesses...), their conduct must be subject to strict control, not only by the lawyer of the party that may be affected by the police activity, but by all the other parties and the Court. It is not uncommon to find police reports that are assumed by the Courts without regard, reports that sometimes have a valuation and subjective load improper to the constitutional role of the judicial police. It is also common to see abuses in the investigation, in the name of efficiency, tolerated by the Court with a laissez faire policy and a result-oriented perspective. In this article, we study the regulation; functions and limits of the judicial police’s behavior and approach the need to monitor police conduct and detect those excesses that compromise the fundamental rights at stake (especially the right of defense -art. 24.2 of the Spanish Constitution- and the right to effective judicial protection -art. 24.1 of the Spanish Constitution-). Ultimately, we tackle the purity and integrity of the criminal process and, in order to protect these interests and rights, we expose the different ways of reporting these excesses and the consequences of doing so.


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