El artículo expone los elementos del mandato constitucional de protección a los animales (sentencia C-666 de 10 de la Corte Constitucional) que le han permitido al Concejo de Bogotá y a la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de la ciudad ampliar el marco normativo en beneficio de animales explotados y violentados en actividades controversiales. El texto hace énfasis en cómo este mandato, al derivarse del deber constitucional de protección al ambiente, puede (y debería) materializarse en las entidades territoriales a través del principio constitucional y legal de rigor subsidiario. Para ilustrarlo, la autora expone el planteamiento normativo del Acuerdo 767 de 2020 que desincentiva las prácticas taurinas en Bogotá.
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