En este trabajo, reflexionamos sobre las opciones con las que, dentro del marco de la vigente ley de contratos del sector público, pueden contar los licitadores propuestos como adjudicatarios para retirar sus ofertas, por resultar estas inviables económicamente como consecuencia del incremento de precios sufrido en el período que media entre la presentación de la propuesta y el momento de adjudicación del contrato, y que dicha conducta llegue a ser calificada por la Administración como causa justificada
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