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La acción popular como instrumento de garantía de la tutela judicial efectiva del mar menor y su cuenca

    1. [1] Universidad de Murcia

      Universidad de Murcia

      Murcia, España

  • Localización: Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, ISSN-e 1576-3196, Nº. 41, 2023
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, entró en vigor el pasado 3 de octubre de 2022. Desde entonces, la laguna y su cuenca vertiente gozan de personalidad jurídica, lo que permite que cuente, en palabras del comité promotor de la norma, “con el instrumento más vanguardista a nivel internacional para la protección de la naturaleza”. Sin embargo, un significativo sector de la doctrina especializada cuestiona que este reconocimiento aporte algún grado de protección ambiental singular que no pudiera garantizarse a través de mecanismos ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Pese a ello, la norma si parece incorporar una verdadera acción popular que, abierta sin restricciones, rompe con el elemento diferenciador de la acción prevista en la Ley 27/2006, de 18 de julio, de Acceso a la Justicia Ambiental, que limita la extensión subjetiva a determinadas ONGs. Se supera con ello uno de los principales obstáculos del acceso a la justicia ambiental. Si bien, la ausencia de costas y la extensión subjetiva de la acción pública al total de ciudadanos, puede incrementar de forma ostensible una litigiosidad no siempre justificada, cuestión de gran interés presente la incertidumbre jurídica que se dimana de los derechos y prohibiciones previstos en la norma.

    • English

      The Law 19/2022, dated September 30, for the recognition of legal personality to the Mar Menor lagoon and its basin, came into effect on October 3, 2022. Since then, the lagoon and its adjacent basin enjoy legal personality, which, in the words of the norm's promoting committee, "provides the most cutting-edge international instrument for nature protection." However, a significant portion of specialized doctrine questions whether this recognition provides any degree of unique environmental protection that could not be ensured through mechanisms already existing in our legal system. Despite this, the norm does seem to incorporate a genuine form of public action that, open without restrictions, breaks with the differentiating element of the action provided for in Law 27/2006, dated July 18, on Access to Environmental Justice, which limits the subjective scope to certain NGOs. This overcomes one of the main obstacles to access to environmental justice. However, the absence of costs and the extension of public action to all citizens may significantly increase litigation that is not always justified, a matter of great interest given the legal uncertainty stemming from the rights and prohibitions outlined in the norm.


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