Acceso al sistema de justicia penal de las víctimas vulnerables menores de violencia sexual. La prohibición de la mediación penal

• Autores: Ana María Rodríguez Tirado
• Localización: Revista de la asociación de profesores de derecho procesal de las universidades españolas, ISSN-e 2695-9976, Nº. 7, 2023, págs. 81-130
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Access to criminal system justice for vulnerable victims minors of sexual violence. Prohibition of criminal mediation
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  • español

    En el presente trabajo, se aborda algunas cuestiones relativas a la puesta en contacto de la víctimas vulnerables menores de violencia sexual con el sistema de justicia penal por el hecho de ser víctimas con independencia de que quieran constituirse en acusación particular o no.

    En concreto, el planteamiento de este trabajo se estructura en cuatro bloques con aspectos que repercuten o pueden repercutir en el acceso lato sensu a la justicia de menores víctimas vulnerables de violencia sexual. En primer lugar, se analizará la estadística oficial sobre delitos contra la libertad sexual que explica el perfil de la víctima y el perfil del agresor, clarificando los conceptos de violencia sexual y de delitos sexuales. En segundo lugar, se abordará someramente los concepto de vulnerable y de vulnerabilidad en relación con la víctima de violencia sexual. En tercer lugar, se analizará las medidas de protección procesal en el acceso a la justicia de este colectivo de víctimas vulnerables en aras de minimizar su victimización secundaria, centrándonos en la presentación de la denuncia y la declaración de la víctima.

    Y, en cuarto lugar, se reflexionará sobre la pertinencia de la justicia restaurativa y la prohibición de la mediación penal con víctima menor vulnerable de violencia sexual.

    Nuestro ordenamiento jurídico viene reforzando la protección de la víctima desde hace años, culminando con la aprobación de la Ley del estatuto de la víctima del delito en 2015, que contiene medidas de protección procesal destinadas a las víctimas menores y, con particularidades, cuando hayan sido víctimas de delitos sexuales y de trata, ampliándose a las víctimas de delitos sexuales en 2022. Esta regulación se ha reforzado con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia y con la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, con la consiguiente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incorpora medidas de protección procesal en la fase de instrucción y en la de juicio oral.

  • English

    This paper addresses some issues related to the contact of vulnerable minor victims of sexual violence with the criminal system justice, due to the fact that they are victims, regardless of whether they want to become a private prosecution or not.

    Basically, approach of this work is structured in four blocks with aspects that have an impact or may have an impact on the lato sensu access to justice for minors who are vulnerable victims of sexual crimes. In the first place, the official statistics on crimes against sexual freedom that explain the profile of the victim of sexual crimes and the profile of the aggressor will be analyzed; the distinction between sexual violence and sexual crimes will be analyzed. Secondly, the concept of vulnerable and vulnerability in relation to the victim of sexual crimes will be briefly addressed.

    Thirdly, the procedural protection measures in access to justice for this group of vulnerable victims will be analyzed in order to minimize their secondary victimization, focusing on the presentation of the complaint and the victim’s statement.

    Finally, we will reflect on the relevance of restorative justice and the prohibition of criminal mediation with a vulnerable minor victim of a sexual crime.

    Our legal system has been reinforcing the protection of victims long ago, culminating in the approval of Crime Victim Statute Law in 2015. It contains procedural protection measures for minor victims, specially, when they have been victims of crimes against sexual. Those has been reinforced with Organic Law for the comprehensive protection of children and adolescence and with Organic Law for the comprehensive guarantee of sexual freedom. Criminal Procedure Law has been modified incorporating procedural protection measures in criminal investigation and in oral trial.