La declaratoria de prejudicialidad para el ejercicio de la acción por daño moral

• Kevin Andrés Pérez Parra ^[1] ; Marco Oramas Salcedo ^[1]
  1. [1] Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil

     Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil

     Guayaquil, Ecuador

     
• Localización: Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS), ISSN-e 2254-7630, Nº. 6 (junio), 2019, pág. 66
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En la trayectoria de la acción por daño moral en nuestra legislación se ha caracterizado por ser una acción autónoma, que está vinculada a los sentimientos de las personas, a los valores, a sus creencias, etc.

    Cada vez se ha buscado perfeccionar el ejercicio de esta acción, desde su origen en la Ley 171, luego incorporada en el Código Civil, las cortes de alzada se han pronunciado por varias ocasiones en sus sentencias sobre la autonomía de esta acción manifestando que no se necesita de la decisión jurisdiccional que determine la responsabilidad para poder ejercerla. La prejudicialidad en el daño moral pasa por un problema de facto, por cuanto existe la posibilidad de que se sacrifique justicia al no tener un carácter vinculante con la declaratoria de responsabilidad, vulnerando el derecho de las víctimas, personas que han sufrido daño moral. Nuestra Constitución es totalmente garantista de derechos y una de las garantías es la tutela judicial efectiva, que si se declara sin lugar una demanda al carecer esta de fundamento factico, es decir, carece de prejudicialidad, se estaría sacrificando la justicia, decisión que no pasa por la defensa técnica sino por los operadores de justicia.

    Para evitar la vulneración de esta garantía constitucional y así mismo evitar que los juzgadores caigan en las causales de error judicial o indebida motivación o interpretación de la normativa legal, se prevé la necesidad de agregar en el COGEP que no se requiere de prejudicialidad para el ejercicio de la acción por daño moral.

  • English

    The course of action for moral damage in our legislation has been characterized by being an autonomous action, which is linked to the feelings of people, values, their beliefs, etc.

    Each time it has sought to improve the exercise of this action, from its origin in Law 171, then incorporated into the Civil Code, the courts of appeal have been pronounced several times in their sentences on the autonomy of this action stating that no it needs the jurisdictional decision that determines the responsibility to be able to exercise it. The prejudiciality in the moral damage goes through a de facto problem, since there is the possibility that justice is sacrificed because it does not have a binding character with the declaration of responsibility, violating the rights of the victims, people who have suffered moral damage. Our Constitution fully guarantees rights and one of the guarantees is the effective judicial protection, that if a claim is declared without a place since it lacks a factual foundation, meaning it lacks prejudiciality, justice would be sacrificed, a decision that does not pass for the technical defense but for the justice operator To avoid the violation of this constitutional guarantee and also prevent judges from falling into the grounds of judicial error or improper motivation or interpretation of the legal regulations, it is foreseen the need to add in the COGEP that no prejudiciality is required for the exercise of the action for moral damage.