José Cachimuel Bonifaz, Wendy Molina Andrade
El presente estudio se enfoca en el análisis y desarrollo del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, el concepto teórico que la Carta Magna realiza en su artículo 75 dictamina que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva y en base a este preámbulo teórico se amplía por medía del análisis el alcance de este precepto constitucional en razón de que son los órganos de la función judicial los llamados a responder sobre la petición de todo ciudadano para que sean protegidos sus derechos pero de manera efectiva, imparcial y expedita, observando esta definición no cabe la dilación en los procedimientos cuando se trata de precautelar derechos en cualquiera de las ramas jurisprudenciales.
De manera que el Estado es el llamado a precautelar no solo este derecho si no todos los demás consagrados en la Carta Magna por ser el ente regulador de políticas sociales entre el ciudadano y el Estado debido a que este último, administra los recursos y las riquezas de una nación, en el ámbito jurisdiccional. El Estado en base a la tutela judicial efectiva debe cobijar el resto de los derechos constitucionales para garantizar que un proceso de garantías jurisdiccionales tenga un inicio conforme lo establece la misma constitución y tenga una finalización del proceso con una sentencia que sea ejecutable y que garantice la reparación de los derechos de los ciudadanos.
To begin the analysis of this work, it is necessary to review the theoretical concept that our Magna Carta carries out in this regard, so that Article 75 states that everyone has the right to free access to justice and effective protection and based on This theoretical preamble we must stop in the analysis, to expand this constitutional precept because it is the organs of the judicial function that are called to respond to the request of every citizen so that their rights are protected but in an effective, impartial and expeditious manner, Observing this definition, there is no room for delay in procedures when it comes to protecting rights in any of the jurisprudential branches.
The State is the call to protect not only this right, but all the others enshrined in our Magna Carta for being the regulatory entity of social policies between the citizen and the State because the latter administers the resources and wealth of a nation.
In the jurisdictional sphere, the State, based on the legal certainty established in the Constitution, must monitor, and protect respect for the guarantees of due process and compensate for their damage when they are violated.
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