El reto de las sociedades modernas consiste en efectuar una valoración adecuada de los diversos principios que coexisten en el concepto del desarrollo sostenible y que en un plano jurídico conlleva, al menos, al autocontrol por parte de los poderes públicos, tratando de optimizar su capacidad reguladora, con la finalidad de aprobar sólo aquellas normas jurídicas necesarias para la consecución de los intereses públicos, evitando una sobreproducción normativa, no sólo indeseable sino perniciosa para el sistema jurídico
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