En la sociedad española se percibe la corrupción como un grave problema, con pérdida de confianza en las instituciones. En este contexto son especialmente criticables los intentos de atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal. Dicha potestad, unida a la limitación de la acusación popular, daría lugar a un sistema en el que la fiscalía tenía el pleno control de la acción penal. Se pretende sustituir al juez instructor - imparcial, independiente e inamovible- por el fiscal, sometido a los principios de jerarquía, dependencia y movilidad. Además se produciría una desigualdad en la fase de instrucción entre la defensa y la acusación pública, que instruye a la vez que acusa, sin que se aprecie ninguna ventaja sobre el sistema actual.
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