La problemática que se va a tratar de exponer en el presente artículo es la derivada de una disconformidad sobre quién debe conocer de la instrucción de un detenido identificado como menor de edad pero cuya edad se pone en duda por la propia Fiscalía a quien se presenta a disposición para decidir sobre su situación personal. Se plantea el tema desde el punto de vista procesal, cómo dirimir la controversia, desde la perspectiva material y legislación aplicable. Se advierte que la legislación es escasa y aunque la doctrina parece unánime, no se refiere a casos extremos como el planteado.
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