La Sentencia recurrida declara probados los hechos basándose en la declaración de los menores víctimas prestada en el Juzgado de Instrucción grabada por el equipo de asesoramiento técnico penal, a la que otorga plena eficacia como prueba de cargo. El Tribunal Supremo estima el recurso y anula la sentencia de instancia al considerar vulnerado el principio de contradicción y, consiguientemente, el derecho de defensa
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