Indudablemente, la Ley 975 de 2005 es una directriz fundamental de la política pública que se desarrolla actualmente en Colombia a raíz del proceso de desmovilización de grupos paramilitares. Esta norma constituye un paradigma mundial, pues propone un adecuado y novedoso equilibrio entre las exigencias de la justicia y las posibilidades de la paz. Sin embargo, el actual estado de cosas del país alberga fenómenos a los que esta norma, como corolario principal de la política transicional, debe hacer frente. El rearme, la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados y la inclusión de las víctimas y de la sociedad civil en el proceso, suponen desafíos actuales e inaplazables en la agenda nacional, con el fin de construir escenarios sólidos y duraderos de reconciliación nacional.
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