El gobierno de Alvaro Uribe Vélez emprendió desde el año 2003 negociaciones de desmovilización con los grupos de autodefensa bajo el esquema conceptual de la Política de Seguridad Democrática. Estas negociaciones condujeron a las desmovilizaciones colectivas de algunas de estas agrupaciones, y en la actualidad, con la suma de las individuales, se cuenta con aproximadamente 48.000 desmovilizados. Aunque las desmovilizaciones colectivas han sido importantes para mitigar la violencia, es importante llamar la atención sobre las dificultades que se han presentado en el desarrollo del proceso. El grupo de investigación sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración -DDR- de la Escuela Superior de Guerra ha enfocado su análisis en la identificación de las áreas críticas que el proceso actual presenta, en relación con los riesgos o amenazas contra la seguridad nacional. Para el objetivo de este documento, un área crítica ha sido definida como un aspecto de un proceso de DDR cuyos riesgos y/o amenazas para la seguridad nacional no han sido identificados en el desarrollo actual.
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