Víctor Alfonso Calero López, Gladis Proaño Reyes
La Constitución de la República del Ecuador garantiza el Derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, aplicadas por las autoridades competentes. El objeto del proceso penal es esclarecer los hechos que se investigan, se fundamenta en la prueba practicada por las partes procesales. La prueba que sirve como base en el juzgamiento de las contravenciones de violencia intrafamiliar, es el informe emitido por los profesionales de las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la familia, quienes no están obligados legalmente a rendir testimonio en audiencia, el informe previamente es incorporado al proceso para ser valorado por el juzgador. El objetivo de la investigación es evidenciar la vulneración de una garantía básica del debido proceso; la Constitución garantiza que en todo proceso las partes tienen derecho de replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten, esto en concordancia con el principio procesal de contradicción, establecido en el Código Orgánico Integral Penal.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados