Existe una necesidad creciente de asegurar que el desarrollo y uso de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) no comprometa los derechos fundamentales. Esto ha precipitado una carrera global entre grandes potencias, foros y organizaciones internacionales, así como empresas y organismos públicos y privados, por fijar los estándares que deben gobernar y regular este fenómeno.
Ante un contexto regulatorio global fragmentado, las ciudades se están posicionando como actores normativos muy relevantes.
Las ciudades asumen un papel regulador individualmente, mediante el desarrollo de estándares e iniciativas de gobernanza locales, pero también colectivamente, en el marco de alianzas de ciudades como la CC4DR o Eurocities.
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