En el presente trabajo se analiza el proceso de restitución y dotación de tierras iniciado en 1915, como uno de los “grandes problemas nacionales”, resultado del proceso revolucionario mexicano, que otorgó el derecho de los pobladores sobre la tierra, indagando el caso del municipio de Acambay, Estado de México. Los crecientes conflictos en la tenencia de la tierra provocan que se modifique el marco jurídico agrario de manera sustantiva en 1992. Con ello, se impulsa el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (procede) para individualizar los derechos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, además, se reconocen dentro de los núcleos agrarios: áreas de asentamiento humano, parcelas y uso común. Sin embargo, aparecen otros desafíos, como: la trasferencia de derechos de propiedad y el proceso de compra-venta irregular que promueve esta política.
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