La Conferencia sobre el Futuro de Europa es una apuesta para involucrar a los ciudadanos en los procesos de decisión de la UE.
Pero la propuesta inicial, que planteaba una Conferencia donde cabía incluso la posibilidad de que se acordara una reforma de los tratados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, ha perdido impulso y ambición.
La Covid-19 ha retrasado y acortado el tiempo de la Conferencia, que debería haber tenido más recorrido del que seguramente tendrá. Los límites temporales y de contenido, así como la nula garantía de que se vayan a implementar algunas de las recomendaciones que surjan en el proceso, pueden acabar desincentivando la participación ciudadana.
Las distintas instituciones de la UE ya han fijado sus posiciones. El Consejo de la Unión Europea, que fue el último en pronunciarse, es especialmente reacio a que el proceso de la Conferencia escape a su control, y se ha empeñado en rebajar expectativas y encorsetar el posible resultado final.
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