Mientras la mayoría de periodistas y académicos occidentales asumió que Egipto ya no se podía gobernar en el siglo XXI a través de una dictadura, el establishment militar y securitario pensó que había permitido un margen de libertad demasiado amplio.
Cada atentado terrorista de envergadura pone de manifiesto la incapacidad del régimende cumplir las promesas que hizo a la ciudadanía de devolver la seguridad al país cuando accedió al poder.
En 2017, los precios crecieron por encima del 30%, afectando a toda la sociedad egipcia, pero sobre todo a las clases media y baja en un país que ya tenía antes más de un 40% viviendo con menos de dos dólares al día.
Varios indicadores sugieren que la recuperación económica está beneficiando solo a las clases acomodadas, y que la desigualdad se dispara en un país donde la brecha entre ricos y pobres ya era enorme antes del programa de ajuste.
La centralidad de la lucha antiterrorista en el debate público de las democracias occidentales y el miedo de las opiniones públicas europeas a una llegada masiva de migrantes procedentes de países musulmanes explican la ausencia de presiones sobre las autoridades egipcias, vistas como un baluarte frente a la amenaza yihadista.
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