Blanca Garcés Mascareñas, Neus Arnal Dimas
El retorno se presenta como la mejor manera para “luchar” contra la inmigración irregular. La experiencia demuestra que es una política de resultados limitados.
Aunque los estados miembros y, más recientemente, la propia UE tienen un largo historial de acuerdos de readmisión con países de origen y tránsito, muchos no llegan a firmarse o, simplemente, no se aplican.
Detener y expulsar es tremendamente caro: ha costado 11.300 millones de euros a los estados miembros desde 2000 a 2015.
El Estado español pagó 49 millones de euros al año, es decir, 9 veces más que lo que el Ministerio de Interior gastó en asilo en ese mismo periodo.
Si tanto cuesta, ¿a quién beneficia? A las empresas de servicios que mantienen los centros de detención y a las compañías áreas que organizan los vuelos de retorno.
Entre octubre de 2014 y marzo de 2015, el Gobierno británico pagó 2,5 billetes de avión por cada persona finalmente deportada.
Las políticas de retorno no tienen un efecto disuasorio y sirven sobre todo para convencer a la ciudadanía de que todo está bajo control.
Los inmigrantes saben que pueden ser detenidos y deportados en cualquier momento como también saben que van a tener que trabajar más por menos. Pero no por ello dejan de intentarlo o no por ello se van.
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