La Responsabilidad de Proteger consolida la idea de que es posible una intervención militar multilateral extranjera con uso de fuerza autorizada por el Consejo de Seguridad, incluso sin el consentimiento del Estado infractor.
La intervención militar en Libia ha sido criticada como precedente negativo de la implementación del tercer pilar de la Responsabilidad de Proteger y por extensión de todo el concepto en sí.
El informe de 2015 del Secretario General de NNUU hace una estimación de 38 millones de personas desplazadas internamente, y de trece millones de personas que son refugiadas en el extranjero.
Mientras en los 80 la proporción de operaciones de paz respecto el número de conflictos era de un 15%, en los 90 esta proporción se elevó hasta el 42% y en la primera década del siglo XXI hasta cerca del 47%.
La intervención militar en Libia no sólo no ha perjudicado el uso de la Responsabilidad de Proteger como fundamento en las resoluciones del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza contra la voluntad del Estado infractor para intervenir militarmente desde el extranjero por motivos humanitarios, sino que la ha situado más arriba en la agenda.
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