Al contrario de las catástrofes naturales, los desastres no son fenómenos naturales sino elementos endógenos a la misma sociedad.
En los últimos diez años, 700.000 personas han fallecido y 1,7 millones han sido afectadas a causa de los desastres. Igualmente significativo ha sido su impacto en términos económicos: aproximadamente 1,4 billones de dólares, o sea, una media de entre 250.000 y 300.000 millones de dólares por año.
Factores de agravamiento son el cambio climático, la descontrolada migración a la ciudad -causante de los procesos de urbanización no planificada-, la explosión demográfica en países en vías de desarrollo, inadecuados usos del suelo y de recursos naturales en zonas vulnerables al riesgo, así como la degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad.
Amenazas naturales como terremotos, deslizamientos de tierras, sequías, inundaciones o ciclones tropicales, se transforman en desastres de mayores proporciones debido a factores humanos y sociales como una planificación urbana deficiente o la insuficiente inversión en infraestructuras adecuadas.
El auténtico motivo de preocupación es que en las ciudades convergen dos de las principales tendencias y retos que caracterizarán el escenario de la seguridad internacional del siglo XXI: la urbanización acelerada y el cambio climático.
Apostar por inversiones en infraestructura urbana más sostenibles puede marcar la diferencia en el camino hacia la construcción de sociedades y un mundo más resilientes.
Las ciudades, que se encuentran en primera línea de los impactos, son actores clave en la construcción de resiliencia climática pues pueden actuar de manera efectiva y directa, y están poderosamente conectadas para encontrar soluciones comunes a través de redes interurbanas.
Por eso es importante empoderar a las ciudades, capacitarlas técnicamente y ofrecerles apoyo financiero para así impulsar el desarrollo de unas estrategias de resiliencia a nivel local evaluables y alineadas con las prioridades de la agenda internacional de reducción del riesgo de los desastres.
Es esencial establecer un marco institucional desde donde impulsar y coordinar los esfuerzos de los actores de la ciudad que trabajan para mejorar su resiliencia y dotar a los gobiernos locales de un presupuesto específico para la reducción de desastres.
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