La preocupación por los efectos de la libertad de circulación y residencia en el interior del territorio de la Unión ha adquirido nueva relevancia, con el argumento de que la misma es empleada abusivamente en perjuicio de los sistemas de asistencia social de los estados miembros.
La Directiva 38/2004/CE de 24 de abril (DOCE L-158/77) ha favorecido notablemente la circulación, residencia y trabajo de numerosos ciudadanos comunitarios y sus familias, tal y como apunta la Comisión Europea En los últimos dos o tres años, por el impacto de la crisis económica, se suceden iniciativas dirigidas a reducir la movilidad de los ciudadanos comunitarios, como es el caso de la reciente propuesta del primer ministro de Reino Unido, iniciativa que se ha topado por el momento con la clara oposición de Alemania, y la más silenciosa de otros estados miembros, así como con el rechazo de la Comisión.
Aunque aparentemente, la STJUE Dano parece cerrar el acceso a las prestaciones sociales a aquellos ciudadanos comunitarios que no han trabajado, de hecho su impacto es limitado pues sólo debe aplicarse a aquellos ciudadanos comunitarios que nunca han trabajado ni de sus actos se deduce que vayan a hacerlo o siquiera que estén buscando empleo.
Es bastante discutible la asunción por el Tribunal de que la movilidad intracomunitaria en estos casos tiene por finalidad exclusiva beneficiarse de los sistemas de protección social de los otros estados miembros.
La mayor parte de casos complejos se viene planteando en relación a lo que se considera situación de búsqueda activa de empleo de modo que la STJUE Dano puede quedar como el caso de referencia en los supuestos de ciudadanos comunitarios desempleados y sin interés ni intención alguna de buscar empleo.
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