América Latina es la región donde los derechos socioeconómicos constitucionales se han tomado más en serio. Existe un alto nivel de convergencia en torno a la idea de que los derechos socioeconómicos pertenecen a las constituciones. Además, existe un creciente consenso regional de que los derechos socioeconómicos son plenamente justiciables. El registro empírico de ejecución judicial, por otro lado, muestra más variación y es menos transformador de lo que sugeriría este consenso. Los tribunales suelen seguir modelos de ejecución que imponen niveles relativamente bajos de tensión en las concepciones del papel judicial, pero también es menos probable que tengan efectos transformadores. Por ejemplo, muchos tribunales parecen preferir otorgar a los peticionarios un recurso individual en lugar de emitir un recurso estructural o colectivo. Incluso en países donde los tribunales han emitido un programa agresivo para hacer cumplir los derechos socioeconómicos, como Colombia, los críticos han argumentado que los tribunales no han logrado lo suficiente. Después de examinar la brecha entre la constitucionalización y la aplicación en el terreno, este ensayo considera soluciones. Concluyo que la mejor respuesta es holística: buscaría rediseñar otras instituciones, como defensores del pueblo y partidos políticos, para que estas instituciones respondan mejor a los derechos socioeconómicos, manteniendo al mismo tiempo un papel importante para los tribunales en la catalización y coordinación de la atención a los problemas socioeconómicos.
Latin America is the region where constitutional socioeconomic rights have been taken most seriously. There is a high level of convergence around the idea that socioeconomic rights belong in constitutions. Moreover, there is a growing regional consensus that socioeconomic rights are fully justiciable. The empirical record of judicial enforcement, on the other hand, shows more variance and is less transformative than this consensus would suggest. Courts most commonly follow models of enforcement that place relatively low levels of strain on conceptions of judicial role but are also less likely to have transformative effects. For example, many courts seem to prefer to give petitioners an individual remedy rather than issuing a structural or collective remedy. Even in countries where courts have issued an aggressive program to enforce socioeconomic rights, such as Colombia, critics have argued that courts have not achieved enough. After surveying the gap between constitutionalization and on-the-ground enforcement, this essay considers solutions. I conclude that the best response is holistic: it would seek to redesign other institutions, such as ombudspersons and political parties, so that these institutions are more responsive to socioeconomic rights, while maintaining an important role for courts in catalyzing and coordinating attention to socioeconomic issues.
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