La investigación en ciencias sociales sobre tribunales y jueces requiere datos que suelen generarse a través de encuestas, entrevistas u observación con el fin de responder a preguntas de investigación concretas planteadas por el investigador. Sin embargo, los métodos tradicionales de recopilación de datos no siempre son factibles. Como alternativa, este artículo examina el uso de datos administrativos, que han sido recogidos con fines ajenos a la investigación, en la investigación judicial. Utilizando como estudios de caso las investigaciones realizadas por el autor durante la última década, el artículo examina las fuentes potenciales de datos administrativos sobre tribunales y jueces, cómo pueden ser adquiridos y los usos que se les puede dar. A continuación, el artículo evalúa las ventajas e inconvenientes de la utilización de datos administrativos, que varían sustancialmente según la fuente de datos. El artículo concluye coincidiendo con Babbie (2020) en que “con tantos datos ya recopilados, la falta de fondos para apoyar la costosa recopilación de datos no es razón para no hacer una investigación social buena y útil” sobre los sistemas judiciales.
Social science research on courts and judges requires data that are typically generated through interviews, observation, or surveys for the purpose of answering specific research questions posed by the researcher. However, traditional methods of data collection are not always feasible. As an alternative, this paper examines the use of administrative data, which have been collected for non-research purposes, in judicial research. Using research undertaken by the author in Australia over the past decade as case studies, the paper examines potential sources of administrative data on courts and judges, how they can be acquired, and the uses to which they can be put. The paper then assesses the advantages and disadvantages of using administrative data, which vary substantially according to the data source. The paper concludes by agreeing with Babbie (2020) that ‘with so much data already collected, the lack of funds to support expensive data collection is no reason for not doing good and useful social research’ on judicial systems.
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