El incompleto reingreso de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

• José Ignacio Hernández G. ^[1]
  1. [1] Universidad Central de Venezuela

     Universidad Central de Venezuela

     Venezuela

     
• Localización: Revista de derecho público, ISSN 1317-2719, Nº. 165-166, 2021, págs. 336-345
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El 1° de julio de 2019 el presidente interino venezolano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y declaró expresamente el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana, de acuerdo con lo requerido en el artículo 62.1 convencional. Desde ese día Venezuela se convirtió en Estado parte de la Convención, según los registros de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, en la práctica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha determinado expresamente las consecuencias legales de la ratificación, y sigue considerando que Venezuela denunció la Convención y por ende ya no está bajo su jurisdicción desde 2012. Adicionalmente, y a pesar de la referida ratificación de 2019, el régimen de Maduro ha representado a Venezuela ante la Corte en casos pendientes ante ésta, basados en violaciones anteriores al 10 de septiembre de 2013. Esta situación práctica contradice los principios generales sobre el reconocimiento gubernamental, el principio de progresividad de los derechos humanos y el principio pro homine.

  • English

    On July 1, 2021, the Venezuelan interim president ratified the American Convention on Human Rights and expressly recognized the jurisdiction of the Inter-American Court according to Article 62.1 of the Convention. Since that day, Venezuela became a member state of the Convention, according to the registers of the General-Secretary of the Organization of American States. However, in practice, the Inter-American Court of Human Rights has not considered the legal consequences of the ratification, considering that Venezuela withdrew from the Convention in 2012. Additionally, in cases based on violations before September 10, 2013, the Maduro regime has represented Venezuela before the Court. This practical situation contradicts the general principles about government recognition and the pro homine principle.