El control de convencionalidad es esencial para alinear las leyes nacionales con las normativas internacionales de derechos humanos, originado por un fallo de la Corte IDH en 2006. Implica comparar legislaciones nacionales con tratados internacionales, impactando a nivel global y local. Ejercido por la Corte IDH internacionalmente y por autoridades nacionales, complementa la supremacía constitucional y se enfoca en la protección de los derechos humanos y la dignidad humana.
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