María Candelaria Quispe Ponce (res.)
El 8 de marzo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia emblemática en la que declaró responsable internacionalmente a la República de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes; ello en relación con las obligaciones de no discriminación y protección especial de ni- ñas, niños y adolescentes1. El caso, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue enjuiciado en el ámbito doméstico —en Nicaragua— por el sistema de jurados
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