La fase de instrucción en el procedimiento penal, conocida comúnmente como la investigación, no puede prolongarse indefinidamente. El principio de presunción de inocencia, la denominada pena de banquillo, la prohibición de las investigaciones prospectivas y, especialmente, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, llevaron al legislador a imponer un límite temporal a la actividad instructora.
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