Actualmente, el foco normativo y doctrinal se está poniendo en la prevención y la mitigación de daños medioambientales –principalmente por iniciativas supranacionales como el Pacto Verde Europeo o la Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD)–. Pese a ello, no debe perderse de vista la necesidad de articular unos mecanismos jurídicos necesarios para lograr una adecuada remediación de los daños medioambientales que no hayan podido evitarse.
En España, el principal mecanismo de remediación ambiental viene constituido por la Ley 26/2007, de 23 de octubre Responsabilidad Medioambiental y las normas de los diferentes vectores ambientales que la completan. Sin embargo, no debe perderse de vista que existen también instrumentos de Derecho Privado que permiten que cualquier tercero perjudicado pueda resarcirse del daño medioambiental que se le ha causado, todo ello de forma independientemente de la acción de responsabilidad en el ámbito de Derecho Administrativo.
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