Resumen de El hackeo masivo como herramienta contra el crimen organizado. Análisis constitucional y legal de los casos EncroChat, Sky Ecc y An0m

Hernán Blanco

• español

  Las operaciones policiales concretadas entre 2020 y 2021, en las que se recurrió a herramientas tecnológicas avanzadas para permitir el monitoreo de las comunicaciones de los usuarios de los sistemas de mensajería encriptada EncroChat, Sky ECC y An0m, son casi unánimemente consideradas como las más importantes y exitosas de la historia contra el crimen organizado trasnacional. Sin embargo, la adopción de una estrategia centrada en la vigilancia masiva y simultánea de decenas de miles de personas y en el uso de programas informáticos espía ha puesto en crisis las concepciones establecidas en la tradición jurídica europea en cuestiones como la vigencia del principio de territorialidad en orden a la aplicación de la ley procesal; el alcance del derecho a la intimidad y la proporcionalidad de las injerencias estatales sobre el mismo; y el equilibrio entre el derecho de los acusados a controlar la prueba de cargo y el interés de las agencias de orden público en mantener la confidencialidad de las herramientas tecnológicas utilizadas para concretar la vigilancia. Hasta el momento, los tribunales nacionales europeos han optado mayoritariamente por sostener la legitimidad de las medidas adoptadas, aunque la palabra final está llamada a ser del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin que esté claro si la actuación estatal en estos casos se ajusta, o no, a los parámetros establecidos en la jurisprudencia del referido tribunal sobre la materia

• English

  The police operations that took place in 2020 and 2021, involving the use of advanced technological tools to eavesdrop on the communications of users of encrypted messaging services EncroChat, Sky ECC and An0m, are almost unanimously considered as the most successful in history against transnational organized crime. However, the governmental use of spyware to carry on massive and simultaneous surveillance of thousands of people has challenged the assumed notions in European criminal law tradition regarding matters such as the territoriality principle; the limits of the right to privacy and the proportionality of the government’s interference with it; and the balance between the defendant’s right to confront incriminatory evidence and the government’s interest in protecting the confidentiality of advanced surveillance tools. Even though, until now, European domestic courts have generally validated the surveillance measures adopted by police forces in these cases, the matter is most likely to be resolved by the European Court of Human Rights, since it is still not clear if the governments’ behavior is in line with the standards set forth in the court’s jurisprudence