La transversalización de género es un mandato convencional y constitucional. Para hacerlo en forma efectiva se propone una aproximación de criterios para aplicar y detectar la efectiva implementación. Se vinculan los mismos a la necesidad de educar en igualdad a las mujeres en derecho, cuestionando la neutralidad del Derecho, su visión androcéntrica y perpetuadora de desigualdad. Los criterios se han señalado básicamente para la docencia, investigación y evaluación, proponiendo que los mismos deben ser vinculantes.
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