Hospital, Costa Rica
En este trabajo se aborda, de forma general, un análisis de las políticas públicas enfocadas en el transporte eléctrico modalidad autobús en Costa Rica durante los años 2018- 2022. Para esto, se aporta un análisis documental sobre el marco jurídico de Costa Rica que incentiva la movilidad eléctrica, los planes de descarbonización y reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y las leyes que establecen las competencias institucionales para llevar a cabo el proceso de implementación de buses eléctricos. Asimismo, se incorpora un análisis de entrevistas semiestructuradas a actores de la Asamblea Legislativa, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y de la Dirección del Consejo Nacional de Transporte Público (CTP). A raíz del análisis, se concluye que existen barreras institucionales y limitaciones económicas significativas que obstaculizan la implementación de buses eléctricos, pero se encuentra evidencia de oportunidades para generar modelos de negociación con el sector autobusero en aras de mejorar el sistema de transporte público en beneficio del interés público.
This work provides a general analysis of public policies focused on electric bus transportation in Costa Rica during the years 2018-2022. To achieve this, it includes a documentary analysis of Costa Rica’s legal framework that promotes electric mobility, decarbonization plans, and the reduction of Greenhouse Gas Emissions (GHG), as well as the laws that establish institutional competencies for the implementation of electric buses. Additionally, it incorporates an analysis of semi-structured interviews with stakeholders from the Legislative Assembly, the Costa Rican Electricity Institute (ICE), the German Cooperation Agency (GIZ), and the Directorate of the National Public Transportation Council (CTP). Based on the analysis, it is concluded that there are significant institutional barriers and economic limitations that hinder the implementation of electric buses, but there is evidence of opportunities to develop negotiation models with the bus sector in order to improve the public transportation system for the benefit of the public interest.
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