Tras la llegada del Coronavirus COVID-19 y el incremento del uso de los medios electrónicos se evidenció la vulneración del ejercicio de los Derechos y Garantías Procesales de los usuarios, ya sea al acceder a los servicios prestados por la Administración, o en el desarrollo del ejercicio de los profesionales del derecho y en el acceso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En este contexto, se plantea la pregunta ¿En qué sentido las modificaciones realizadas al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo frente a las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) garantizan la efectividad de la Administración Pública? Las herramientas que brindan las Tecnologías de la Información y comunicación a través de los medios electrónicos, no son debidamente utilizadas tanto en los servicios prestados por la Administración pública, en el desarrollo del ejercicio de los profesionales del derecho y en el acceso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa; por cuanto, resulta necesario enseñar para actualizar y dinamizar el uso de estas herramientas con el fin de que los usuarios puedan contar con un adecuado acceso y utilización para que así se materialicen efectivamente sus derechos y garantías procesales.
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