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Resumen de Vulnerabilidad del Estado Colombiano ante la corrupción derivada del modelo de contratación privada

Christian Llano Villegas

  • En el marco de la pandemia por COVID-19, el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, quien por mandato constitucional es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, encargó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuya misión es dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atender las políticas de desarrollo sostenible y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), el manejo de gran parte de los recursos destinados para atender las necesidades surgidas de la misma y de funciones específicas, incluidas algunas propias del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) como la compra de equipos médicos para fortalecer la red de prestadores de servicios de salud, la compra de medicamentos y la compra de las vacunas destinadas a la población colombiana. Ese traslado de competencias se realizó mediante un acuerdo en mayo de 2020 que incluyó cláusulas restrictivas del acceso a la información de los contratos y prohíben entregar documentación relacionada a terceras personas, lo que viola principios esenciales de la contratación pública como el de publicidad.

    Por estas razones, para salvaguardar las reglas y principios que rigen la contratación estatal y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información, es necesario determinar la viabilidad de conformar una veeduría que vigile, fiscalice y controle la administración de los recursos que la UNGRD destinados para la atención de la pandemia por COVID-19 y conocer todos los documentos relacionados con los contratos y convenios firmados por dicha entidad. Es indispensable, además, lograr un acompañamiento previo de la Contraloría General de la República en todas las fases de los proyectos de contratación, incluidos los de contratación directa.

    Desde la citada perspectiva, se propone el siguiente problema de investigación: ¿Qué hechos de corrupción se evidencian en los contratos celebrados por la UNGRD en el marco de la pandemia por COVID-19? Como objetivos específicos del manuscrito, se ha querido analizar el conjunto de contratos celebrados por la UNGRD para atender la emergencia declarada por COVID-19 en el territorio nacional y determinar la viabilidad de implementar una veeduría que haga vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos que la UNGRD ha destinado para la atención de la pandemia por COVID-19.


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