La evolución de las telecomunicaciones, con la aparición de las nuevas redes de quinta generación (5G), el cifrado de extremo a extremo y la diversidad de proveedores online, plantea serios desafíos a la interceptación legal y al acceso a datos conservados. Por ello, en este trabajo se analizará el marco jurídico nacional e internacional con el que cuenta España para la regulación de estas medidas de investigación, como son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, La Ley General de Telecomunicaciones o la Ley de Conservación de Datos. Además, en el plano internacional, se examinará el Convenio de Budapest, diversas directivas europeas así como mecanismos de cooperación judicial disponibles. De dicho análisis se extraerán posibles deficiencias y se plantearán vías de mejora como el Desarrollo de SPOCs (Single Point of Contact), la creación de nuevas órdenes europeas o la instauración de obligaciones legales para los OSPs (Online Service Provider).
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