A primeros de septiembre, Consuelo Esteban Pedriza, de 24 años, soltera, viajó a Madrid desde Santander para abortar. La operación se realizó en un piso, con una aguja de hacer punto y lo practicó -perpetró- una médico ginecólogo. La intervención no se prolongó más allá de 15 minutos. Consuelo pagó las 30.000 pesetas de rigor y volvió a su casa. Diez días después fallecía en un hospital santanderino, víctima de una infección general que los médicos no pudieron dominar. La máquina de la Justicia se puso en marcha y, con ella, una de las más virulentas reacciones públicas contra un magistrado en el ejercicio de sus funciones de las que hay memoria.
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