Julio Vicente Flores Konja, Alan Errol Rozas Flores
El buen gobierno corporativo está cobrando cada vez más importancia en el ámbito local e internacional, debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más confiables y eficientes. En los últimos años, se han establecido principios de adhesión voluntaria, realizado acuciosos estudios e implementado una serie de reformas legislativas, a fin de incentivar el desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo. De esta manera, se ha reconocido el impacto directo y significativo que la implementación de dichas prácticas tiene en el valor, solidez y eficiencia de las empresas, y, por tanto, en el desarrollo económico y bienestar general de los países. Es así que los principios y lineamientos de buen gobierno corporativo más reconocidos y utilizados actualmente son los emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los lineamientos del código andino de gobierno corporativo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), y los principios de buen gobierno corporativo de empresas del Estado del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). El gobierno corporativo explica las reglas y los procedimientos para tomar decisiones en asuntos como el trato equitativo de los accionistas, el manejo de los conflictos de interés, la estructura de capital, los esquemas de remuneración e incentivos de la administración, las adquisiciones de control, la revelación de información, la influencia de inversionistas institucionales, entre otros, que afectan el proceso a través del cual las rentas de la sociedad son distribuidas. Los inversionistas consideran cada vez más la aplicación de prácticas de buen gobierno como un elemento de suma importancia para preservar el valor real de sus inversiones en el largo plazo, en la medida que conlleva a eliminar la información desigual entre quienes administran la empresa y sus inversionistas. Refuerza este objetivo la existencia de un adecuado marco legal y prácticas de supervisión eficientes que velen por la existencia de mercados transparentes que garanticen la protección del inversionista.
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