Desde el inicio de la situación revolucionaria antifeudal de 1810-14 al antagonismo de clase entre señores y campesinos permanece enmascarada ante la prioridad de la lucha contra los franceses. Se va poniendo de manifiesto con la elaboración del decreto de abolición de señoríos de 6 de agosto de 1811 y alcanza su mayor intensidad en 1813-14, coincidiendo con el cambio de signo de la guerra y la retirada francesa. Los pueblos de señorío, apoyándose en una interpretación radical del decreto, ocupan tierras, niegan prestaciones y cuestionan la propiedad con una diversidad reivindicativa que se corresponda a las distintas situaciones que al régimen feudal había impuesto en el territorio español. La aristocracia que, forzada por el contexto, dio su aprobación al decreto, comprobaba la frustración de su pretensión de transacción -renuncian a los derechos jurisdiccionales y monopolísticos a cambio de consolidar la propiedad- y la repercusión de la pérdida de derechos jurisdiccionales como instrumento coactivo. Ello causa su desafección al régimen constitucional y al apoyo al golpe de Estado de 1814
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