México
El derecho internacional y la legislación interna en países del continente americano contemplan el deber del Estado de realizar consultas a los pueblos indígenas, cada vez que haya reformas legales y administrativas que alteren la vida comunitaria y los intereses de estos pueblos. De igual manera existe la obligatoriedad de la consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado cuando se trate de proyectos de desarrollo. Sin embargo, son continuas las violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas por la inversión de proyectos de desarrollo, y hay poca efectividad en el cumplimiento de la norma, situación que compromete la responsabilidad internacional del Estado y conduce a la judicialización de la consulta ante el Sistema Interamericano. Al respecto, la Comisión y la Corte Interamericana han emitido diferentes recomendaciones y sentencias que le otorgan un efecto jurídico vinculante al derecho a la consulta.
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