En la agenda de las políticas públicas latinoamericanas, la crisis del sistema de educación superior en América Latina es un tema recurrente. Burocracia pública y universitaria, comunidad académica y estudiantil, gremios económicos y profesionales, analistas especializados y ciudadanos comunes coinciden en calificarlo como un problema crónico, de difícil solución y discutibles resultados. Podríamos decir que es un tema sin historia porque siempre ha estado ahí, como queja de los actores propiamente educativos que no encuentran satisfechas sus expectativas for- maüvas, científicas y laborales, o como reclamo lanzado desde afuera, por un estado que subvenciona y una sociedad contribuyente que esperan de la tarea educativa una retribución comparable al esfuerzo impositivo para sostenerla.
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