Es evidente la importancia que, con el paso del tiempo, ha adquirido el arbitraje administrado en nuestra sociedad. La nueva Ley de arbitraje 60/2003 ha supuesto el inicio de una nueva etapa del arbitraje institucional, concediendo una amplia e imprecisa potestad a las instituciones arbitrales, e incluso incorporando al mismo, nuevas instituciones como el Tribunal de Defensa de la Competencia. De este modo se acrecienta la confianza de la sociedad hacia el arbitraje administrado y se fomenta su expansión y su uso. No hay duda que la nueva Ley de Arbitraje, aún con ciertas deficiencias, ha generado nuevas expectativas hacia el arbitraje y muy concretamente hacia el arbitraje institucional.
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