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El pasado 22 de marzo el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Uno de los objetivos de la iniciativa legislativa es la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. ¿Qué juicio merece la reforma en este problemático ámbito?
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