Resumen de Conflictos normativos asociados con el derecho de propiedad de las comunidades indígenas y afro en áreas de bosques, zona costera de Colombia

Claudia Villa Porto, Paula Sierra Correa

• español

  La puesta en marcha de la estrategia de las Naciones Unidas de “Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal evitada (REDD)” como medida de mitigación a los efectos del cambio climático en áreas de bosques de Colombia, encuentra soporte para su implementación en los convenios internacionales de los cuales el país hace parte. Algunos pasos de la metodología aplicable en proyectos REDD presenta conflicto con el marco jurídico vigente en Colombia, referido a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y afro que habitan o hacen uso de los bienes y servicios ambientales de los bosques que interesan a procesos REDD. Se concluye que la jurisprudencia sobre aspectos costeros respecto a la de aprovechamiento de recursos forestales es limitada en Colombia y se requiere enfatizar en líneas de investigación que soporten la implementación de futuros instrumentos económicos para el uso de la diversidad biológica sin afectación sobre los derechos de propiedad de las comunidades.

• English

  The implementation of the United Nations strategy for “Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)” as a mitigation measure to the effects of climate change on forest areas of Colombia, finds support for implementation of international conventions of which the country is part. The methodology applied in REDD projects has conflicts with current regulatory framework, related to the collective ownership of indigenous and afro communities. This paper focus on communities property rights vs. potential REDD forests and their good and environmental services. Conclusions show that the law on coastal areas against forest resource use is limited in Colombia and requires to improve scientific research on normative and regulatory processes focus on economic instruments for biodiversity uses, in order to reduce or take into account the impacts on communities property rights.