Este artículo parte de la premisa de que la información pública en los procesos de contratación pública es difusa, poco accesible y que su disponibilidad tanto por medio de los mecanismos de la transparencia y del derecho de acceso a la información no garantiza el derecho a saber de la ciudadanía. Para argumentar esta idea se realiza un breve recuento histórico de las implicaciones del derecho de acceso a la información y se diferencia de los mecanismos de transparencia como política pública. Posteriormente, se describen los procesos de contratación pública, identificando el tipo de información en el proceso, para después analizar las solicitudes de información realizadas a las dependencias del ejecutivo federal durante 2022. Finalmente, se analizan otros medios que se han creado como herramientas para el acceso a la información en materia de contrataciones públicas. Este análisis, además de describir cómo se maneja la información de las compras públicas en México, permiten realizar propuestas para fortalecer tanto la transparencia y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía en un proceso complejo como lo son las contrataciones públicas.
This article is based on the premise that public information in public procurement processes is diffuse, not very accessible and that its availability through both transparency mechanisms and the right of access to information does not guarantee the citizens' right to know. In order to argue this idea, a brief historical review of the implications of the right of access to information is made and it is differentiated from the mechanisms of transparency as public policy. Subsequently, public procurement processes are described, identifying the type of information in the process, to then analyze the information requests made to federal executive agencies during 2022. Finally, other means that have been created as tools for access to information on public procurement are analyzed. This analysis, in addition to describing how public procurement information is handled in Mexico, allows us to make proposals to strengthen both transparency and the right of access to information for citizens in a complex process such as public procurement.
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