Incompatibilidad de los requerimientos fiscales para la declaración de agentes de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia en procesos de delitos de corrupción

• Ponce Gutiérrez, Bárbara ^[1] ; Matsuno Sanchez, Mercedes ^[1]
  1. [1] Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú
• Localización: ESCPOGRA PNP: Revista Académica de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, ISSN-e 2961-2527, Vol. 3, Nº. 2, 2024 (Ejemplar dedicado a: ESCPOGRA PNP), págs. 54-67
• Idioma: español
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  • En atención a los reiterados llamados a declarar de los agentes de Inteligencia, el objetivo de este artículo se centra en analizar cómo la incompatibilidad de los requerimientos fiscales para la declaración en procesos por delitos de corrupción de funcionarios afecta las labores de inteligencia en los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) en procesos de delitos de corrupción. Para los fines, la investigación sigue un enfoque cualitativo, y un diseño fenomenológico. Consideró una muestra de 7 funcionarios de la Digimin tratándose de una muestra intencional no probabilística. Por técnica se empleó la entrevista semiestructurada y como instrumento una guía de entrevista. Los principales hallazgos exponen la falta de articulación entre la Digimin y el Ministerio Público, existiendo pruebas inadecuadas o conductas indebidas que restan legitimidad a las indagaciones, siendo ineficaz la Ley Nº 30077 y su reglamento. En cuanto al Decreto Legislativo N° 1141 de Fortalecimiento y Modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, no existen procedimientos explícitos que favorezcan a los agentes. Asimismo, las restricciones en su administración y financiación dan lugar a vicios legales, y de procedimientos que vulneran los derechos de las autoridades encargadas de proteger esta labor. Se concluye que, el sistema de justicia penal debe utilizar procedimientos especializados de investigación con el fin de localizar, indagar, organizar, reunir y obtener pruebas suficientes para condenar y sancionar a las personas que violen determinados bienes jurídicos protegidos, sin necesidad de que los agentes de inteligencia deban ser llamados a declarar.