Guayaquil, Ecuador
El contexto económico, político y social de la actualidad dificulta la aplicación del derecho de resistencia, siendo un esquema garante de la democracia; sin embargo, la sociedad en el Ecuador es autónoma dejando al individuo como si no fuera capaz de ser responsable y racional con sus actos; el objetivo es determinar las características y alcance que posee la resistencia en el ordenamiento jurídico a través de indicadores diferenciales en la desobediencia civil. La metodología aplicada tiene un enfoque cualitativo a través de encuestas realizadas a profesionales del derecho que dan como resultados que el artículo 98 de ofrecer las garantías constitucionales a los operadores de justicia, donde la resistencia tiene que ser regulada por la constitución y eliminar los vacíos jurídicos existentes. En conclusión, el derecho a la resistencia tiene la obligación de asistir al ciudadano que está siendo afectado por las normas jurídicas, donde están siendo vulnerados los derechos humanos y las normas internacionales.
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