Para luchar contra los actos de corrupción e inconducta funcional de los gestores públicos, el Estado Peruano posee mecanismos de control que detectan riesgos de desempeño y corrupción por malos manejos de recursos públicos; por tanto, cuenta constitucionalmente con un Sistema Nacional de Control (SNC), liderado por Contraloría General de la República (CGR), que controla y supervisa el presupuesto y bienes de Estado. En los años 2020 y 2021, a partir de resultados de Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Específico, reveló una aproximación del daño ocasionado en más de S/ 22.5 y 24.5 mil millones, traducidos en servicios que el Estado no entregó a ciudadanos y dinero que terminó en bolsillos de personas inescrupulosas. La investigación realizada en la Gerencia Regional de Control de Tumbes de la CGR muestra que para lograr óptimos resultados en las Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Específico e impactar en la corrupción e inconducta funcional, debe diseñarse y aplicarse un adecuado enfoque profesional y estrategia, conforme los lineamientos del SNC y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel mundial; por ello, la responsabilidad de la planificación debe recaer en Colaboradores con mayor entrenamiento y capacidad técnica profesional; así como libres de influencia de familiaridad y amicalidad con los gestores públicos que limiten su accionar; además contar con capacidad operativa suficiente que atienda la demanda de control, lo que contribuiría con la buena gobernanza.
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