El presente artículo examina cómo la justicia y los derechos humanos son vehículos para implementar estrategias jurídicas que protejan los derechos de las personas en situación de exclusión social. A través de la intervención judicial se definen asuntos sociales y políticas públicas, conocido como “judicialización de la política”, no solo mediante el juez constitucional sino también con la jurisdicción contenciosa administrativa
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