Las telecomunicaciones se han convertido en un factor fundamental para el desempeño de las actividades diarias de las personas, cuestión que no es ajena a las funciones que realiza la Administración Pública, misma que tiene que adaptarlas para el cumplimiento de los objetivos de las Entidades Públicas. El Derecho a la Buena Administración Pública es una limitante al actuar de la Administración Pública frente a los derechos de los ciudadanos, ya que implica el efectivo cumplimiento de la voluntad objetiva de las Entidades del Estado, por cualquier medio, en beneficio del interés público. El correcto control de los organismos reguladores en materia de telecomunicaciones hará que la consecución de los objetivos estatales, en beneficiar el interés público reduciendo la brecha digital, tenga resultados positivos, sin perjudicar a las operadoras privadas o públicas, que brinden servicios de telecomunicaciones.
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