El Derecho Penal vs el Derecho Administrativo Sancionador

• Autores: Javier Ijalba Pérez
• Localización: Revista de derecho y proceso penal, ISSN 1575-4022, Nº. 74, 2024, págs. 43-77
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Criminal Law vs Administrative Santioning Law
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• Resumen
  • español

    El Derecho penal no es el único medio de control social, como tampoco es el único medio de control que se ejerce a través de normas jurídicas que imponen sanciones. Surge así la cuestión interesante de la relación entre el Derecho penal vs Derecho administrativo sancionador, que siempre ha sido problemática, pero que, en estos últimos años, y dadas las reformas sufridas, se ha vuelto más compleja. En efecto, la expansión del Derecho penal ha provocado una expansión, incluso, una hiperinflación de su campo de acción, con un incremento exponencial de los ilícitos penales, lo que ha desembocado en la intervención penal en ámbitos hasta entonces reservados al Derecho administrativo sancionador. Esta relación compleja entre los dos órdenes sancionadores ha sembrado dudas en torno a la vigencia del principio de subsidiariedad, por acudir al Derecho penal cuanto tal vez no fuera necesario, y ha cuestionado también la vigencia de principio de ofensividad, cuando se protegían intereses que resultan difícilmente encuadrables como bienes jurídicos. Este trabajo quiere ofrecer una serie de propuestas político-criminales para evitar la colisión, y aportar claridad, respetando los principios constitucionales

  • English

    Criminal law is not the only means of social control, nor is it the only means of control exercised through legal norms that impose sanctions. This raises the interesting question of the relationship between criminal law vs. administrative sanctioning law, which has always been problematic, but which, in recent years, and given the reforms undergone, has become more complex. Indeed, the expansion of criminal law has led to an expansion, even a hyperinflation of its field of action, with an exponential increase in criminal offenses, which has led to criminal intervention in areas hitherto reserved for administrative sanctioning law. This complex relationship between the two sanctioning orders has raised doubts about the validity of the principle of subsidiarity, since criminal law is used when it may not be necessary, and has also questioned the validity of the principle of offensiveness, when interests that are difficult to classify as legal goods are protected. This paper aims to offer a series of political-criminal proposals to avoid the collision and provide clarity, while respecting constitutional principles